Dar y recibir

Cómo la propaganda del gobierno corrompe la libertad editorial

Entre 2013 y 2016, el gobierno mexicano gastó 2 mil millones de dólares en promover su imagen en los medios de comunicación. Las televisoras acapararon 35% de esos recursos, seguidos por radio (19%), prensa (17%) e internet (6%).

Luego de que a finales de 2017 se publicó el estudio “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016”, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, se avivó una polémica sobre los márgenes de libertad de expresión y el control de los medios de comunicación.

Casi un centenar de asociaciones civiles, centros de estudios, académicos y sitios digitales independientes se aglutinaron en el colectivo #MediosLibres, una iniciativa que solicitaba al Congreso elaborar una ley para reglamentar el otorgamiento de publicidad oficial, como lo instruyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 25 de abril de 2018 el Senado finalmente aprobó la Ley General de Comunicación Social, también conocida como Ley Chayote (en referencia a aquel periodista que suele expresar opiniones a favor del gobierno de turno). El problema con esta normativa –en vigencia desde enero de 2019– es que no contempla la creación de mecanismos ni de organismos independientes capaces de garantizar un proceso transparente a la hora de asignar los contratos. 

En cierto modo, se trata de una medida que institucionaliza la entrega discrecional de publicidad oficial, lo cual amenaza también la libertad de expresión. Es por eso que #MediosLibres y varios expertos en el tema le han solicitado al nuevo Congreso –instalado en septiembre de 2018– abrogar dicha ley, para crear una que realmente incluya las propuestas de la sociedad civil.  

Los medios dominantes no se han pronunciado por esta iniciativa, probablemente debido a que han sido los principales beneficiarios de estos recursos. Entre los que más solían recibir publicidad oficial están Grupo Televisa (17%) y TV Azteca (9.8%); también el periódico El Universal (2.7%) y Grupo Fórmula (2.7%), apunta el estudio de Fundar.

El reportaje “Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación”, del New York Times, revela que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto presionó a los medios mexicanos para que omitieran noticias desfavorables y privilegiaran los mensajes dictados directamente desde las oficinas de prensa del gobierno.

Mucho en pocas manos

El reporte de Fundar revela que entre el 40 y el 50% de la publicidad oficial suele quedar en manos de 10 grupos mediáticos, a pesar de que hay más de mil medios que compiten por ingresos gubernamentales.

Así, mientras Televisa, TV Azteca y recientemente Grupo Imagen acaparaban los recursos destinados a la televisión, Radio Fórmula, Radio Centro, Imagen, MVS y Acir estaban entre las radiodifusoras con grandes pautas publicitarias. El Universal, Milenio, Excélsior, Los Soles, La Jornada y hasta La Crónica de hoy –un diario con modesto tiraje– formaban parte de la lista de periódicos con más contratos con el gobierno de Peña Nieto.

En cambio, los medios digitales con mayores audiencias e influencia, como Aristegui Noticias, Sin Embargo y Animal Político, obtenían bajos ingresos por publicidad oficial. Fundados hace menos de una década e identificados como críticos del gobierno, estos medios han crecido en los últimos años hasta posicionarse entre los más leídos, cada uno con más de 2 millones de visitas únicas al mes.

Un caso parecido ocurre con medios que mantienen una línea editorial no alineada al gobierno, como el influyente periódico Reforma y la revista Proceso. Esta última está entre los medios más consultados en internet, según las mediciones de ComScore.

El estudio de Fundar también revela que el anterior gobierno gastó 72% más recursos de los autorizados por la cámara de los diputados. Para tener un parámetro, esos 2 mil millones de dólares equivalen a la cantidad de dinero que se necesita para la reconstrucción de viviendas tras los sismos de septiembre del 2017.

La postura del gobierno actual encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se posesionó en este cargo en diciembre de 2018, es de reducir en un 50% el gasto en publicidad oficial. Para 2019 el presupuesto contemplado para este rubro será de alrededor 4.200 millones de pesos. Aunque en 2018 el monto aprobado fue menor (3.300 millones de pesos), el gobierno de Peña Nieto terminó gastando casi cuatro veces más de lo proyectado. 

Medios capturados

Analistas como Manuel Alejandro Guerrero y Mireya Márquez-Ramírez, de la Universidad Iberoamericana, han señalado que las alianzas de convivencia y complicidad entre las élites políticas y mediáticas representan un modo de favorecer la concentración de los medios que históricamente han legitimado al poder.

En el libro Media Systems and Communication Policies in Latin America, editado en inglés por Palgrave Macmillan, aseguran que “la naturaleza de los medios liberales capturados” es un fenómeno propio de América Latina. Y explican: “Son liberales en tanto que están técnicamente diseñados bajo el modelo de financiamiento privado y regido por el mercado, pero capturados porque, a diferencia del ideario liberal, no están regidos por el interés público, sino que tanto están supeditados a intereses políticos, económicos o gubernamentales en distintos grados”. Guerrero y Márquez Ramírez ponen énfasis en la necesidad de fortalecer la regulación y la función informativa de los medios mexicanos.

Autor de una docena de libros sobre medios de comunicación, el sociólogo Raúl Trejo Delarbre ha planteado: “La publicidad oficial es una perversión específicamente mexicana. Aunque en otros países hay gasto gubernamental para adquirir espacios en los medios, en ningún sitio como en México los gobernantes han dispuesto de tantos recursos públicos, de manera tan amplia, para promoverse a sí mismos. La publicidad oficial se encuentra tan imbricada con las costumbres políticas mexicanas, especialmente en el trato entre gobiernos y medios de comunicación, que cuando se propone regularla hay muchos que se extrañan”.

En el caso de los 42 medios analizados por MOM México, 38 recibían importantes recursos vía publicidad oficial. En cambio, cinco sitios noticiosos influyentes –Proceso, Aristegui Noticias, Sin Embargo y Animal Político– se mantenían fuera de la lista de los medios consentidos del gobierno pasado.