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Contexto

La estructura de la propiedad de los medios de comunicación en México es un rompecabezas complejo del que no sólo hacen parte los dueños y sus conglomerados que están detrás de ellos, sino también la historia política, económica y social del país.

Una de las fichas más importantes es la de medios y poder. Tradicionalmente, varias empresas periodísticas nacieron por la necesidad de ciertos grupos o personajes de influir en procesos políticos. Los primeros diarios con un tiraje significativo aparecieron para apoyar a facciones en pugna en la etapa posterior a la Revolución Mexicana. La radio, a partir de la década de 1920, y más adelante la televisión, desde los años 50, también sirvieron a diferentes líderes para posicionarse o mantenerse en el poder.

Aunque pocos y por breves períodos, ha habido intentos por crear una prensa crítica en México, especialmente en un escenario político donde el grupo dominante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo una hegemonía de 71 años. Hoy el periodismo de investigación se ve inhibido por falta de recursos, limitado sólo a unos pocos periodistas de medios digitales independientes.

Tras las elecciones realizadas en 2018, la modernización económica del país es una de las tareas pendientes, pues pese a su potencial, en las últimas tres décadas su economía sólo ha crecido 2% en promedio. Sumado a esto se encuentran otros problemas sociales que históricamente han minado el desarrollo, como la desigualdad, la inseguridad y la corrupción.

Con casi 130 millones de personas, México es el país con mayor población hispanohablante en el mundo. La mayoría de sus habitantes usa la televisión como principal fuente de información, si bien el uso de otras tecnologías con acceso a internet amenaza con arrebatarle ese lugar. Un mercado de esas características resulta muy atractivo y rentable para la industria de medios. Para estimular la competencia y limitar la concentración, se han adoptado leyes. Sin embargo, en la práctica su implementación ha sido defectuosa. 

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